Cómo la Diputación Permanente se ha convertido en la institución clave para la aprobación de los decretos sobre la vivienda después de la disolución de las Cortes Generales.
Desde el desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre, todos los eventos ocurridos después han surgido como consecuencia, el desahucio produjo un efecto dominó en la política y la sociedad española. La acampada en la Puerta del Sol y en otras localidades del país, la propuesta del Gobierno de dos decretos reales para regular la vivienda, la caída de los mismos en el Congreso y, finalmente, la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026.
Centrándonos más en lo ocurrido el pasado viernes 2 de octubre, el Gobierno llevó a votación dos nuevos reales decretos que pretendían ser un primer paso hacia adelante en cuanto a la regularización de la vivienda. El primero pretendía parar los desahucios de grupos vulnerables de forma inmediata, limitar la compra de pisos y edificios por parte de fondos de inversión y fondos buitre y poner un límite a la subida de los alquileres, mientras que el segundo buscaba la renovación automática de los contratos de alquiler. Ambos decretos fueron tumbados por partidos como el Partido Popular, Vox o Junts, que votaron en contra.
A partir de ese momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se planteó convocar elecciones generales.
El lunes 5 de octubre a las 9 de la mañana, esta última premisa se hace realidad, con el adelanto de las elecciones y la disolución inmediata de las Cortes. Eso sí, Sánchez tuvo lo que podríamos llamar “un as bajo la manga” para no dejar esos dos decretos tumbados sin una segunda oportunidad. Aquí es cuando entra en juego la Diputación Permanente.
Para resumir lo que es la Diputación Permanente, podríamos decir que es una versión más pequeña del Congreso de los Diputados, con 69 diputados (35 de grupos de izquierdas y 34 de grupos de derechas). Su función principal es “velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida”, es decir, busca el orden social y político durante épocas de transición en las Cortes.
Y vosotros, lectores diréis, ¿cómo es posible que los dos decretos que tumbaron el 2 de octubre ahora sea posible que los acepten en la Diputación Permanente?
Muy simple, por dos razones: la disposición propia de la Diputación Permanente y la reestructuración de los dos decretos.
Al tener 1 diputado más a la izquierda, se facilita que los dos nuevos decretos sean aceptados por la diferencia de mayoría que existe entre la izquierda y la derecha dentro de la Diputación Permanente.
Y también, algunos pequeños cambios hechos en los decretos.
- Se crea una nueva línea de financiación en la compra de la primera vivienda. El ICO (Instituto de Crédito Oficial) gestionará un fondo de 10 000 millones de euros para dar préstamos de hasta 50.000 euros y facilitar así la compra de la primera vivienda. Estos préstamos serán dados sin intereses. Esta ayuda no solo va dirigida hacia jóvenes en búsqueda de una vivienda, sino también a cualquier persona que busque la compra de su primer hogar.
- Prórroga de los contratos de alquiler. Los contratos de alquiler que estén al corriente de pago se prorrogan hasta dos años y amplían también dos años la prórroga a aquellos que terminen su contrato antes del 31 de diciembre de 2028.
Estas son las dos medidas principales, aunque en total serán unas 21 medidas divididas en dos decretos. En alguna de estas medidas, la aceptación de ellas depende del partido PNV y su escaño en la Diputación Permanente.
Llevar los decretos a la Diputación Permanente supone una gran probabilidad de que las medidas sean aceptadas y puestas en vigor, dada las diferencias del órgano y de las propias medidas impuestas. Estos decretos buscan mayoritariamente el beneficio de la población y la posibilidad de todos de vivir en una vivienda digna, cosa que supone la preocupación mayor de la gente española y que supondría una mejora para todos.