En octubre se anunció en EE. UU. la retransmisión en vivo y directo del fusilamiento de un prisionero. Tras el pésimo recibimiento de la propuesta, el Pentágono ha decidido no hacer pública la ejecución
El 3 de diciembre de este año un pelotón de fusilamiento se colocará delante de Nidal Malik Hasan y lo ejecutará en la base militar de Fort Hood. Es un caso que se hizo especialmente mediático hace cosa de un mes, puesto que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunció que el fusilamiento sería retransmitido en directo. Fue una decisión muy polémica hasta el punto de que el vicepresidente J.D. Vance dijo que no sabía si realmente eso iba a suceder, pero que si lo hacía, él no lo vería. Una semana después, Trump anunció que aunque la ejecución vía fusilamiento sigue en pie, no se retransmitirá, ya que, según él, “muchas personas buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en vivo ni a través de ningún otro medio visual”.
La negativa del vicepresidente a verlo, justificada a partir de sus creencias religiosas, no fue la única. Otros republicanos también se posicionan en contra, como el senador John Curtis que dijo que “una civilización se erosiona cuando cultiva el gusto por las ejecuciones como forma de entretenimiento”. Los demócratas señalaron el riesgo de convertir una sentencia penal en un mero espectáculo. La senadora Patty Murray dijo que como país, EE. UU. no puede tolerar la transmisión en directo de la muerte de ninguna persona, sea quien sea, con fines de entretenimiento. Por su parte, la ONU lo ha tachado de una acción “abominable” y ha recordado que cualquier ejecución pública es una acción inhumana y degradante, ocurra donde ocurra, ya sea en EE.UU., Irán o Afganistán.
EE. UU. es un país que permite la pena de muerte en 27 de sus 50 estados, siendo Texas el que más ejecuciones ha realizado: de 1682 personas ejecutas desde el año 1976, 602 han sido ejecutadas en Texas. La mayoría de ellas han empleado la inyección letal, aunque también se ha utilizado la electrocución, el gas y el fusilamiento, siendo estas últimas prácticas menos comunes. De hecho, el año pasado fue la primera vez en quince años que se ejecutó a alguien por fusilamiento. En este caso fue el propio reo, Brad Sigmon, quien eligió este método, ya que confiaba en la inyección, puesto que ha habido numerosos problemas con este procedimiento. Asimismo, la ejecución de Hasan será la primera por parte del ejército vía pelotón de fusilamiento desde 1945, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial.
Los problemas de la inyección letal (y otros métodos)
Desde su implantación la gran mayoría de ejecuciones se han realizado a partir de las inyecciones letales, pero eso no quiere decir que sea lo más eficaz ni lo más indoloro. Porque aunque desde fuera pueda parecer un método mucho más pacífico —al menos comparado con un fusilamiento, una cámara de gas, una decapitación o cualquier otro proceso por el cual los humanos hayan ejecutado a los prisioneros—, realmente no lo es. En ocasiones la inyección puede provocar edemas pulmonares, que causan que un líquido llene los pulmones causando una sensación de ahogamiento a la persona que lo experimenta. Otras veces los condenados sufren alguna enfermedad, la cual ocasiona dificultades durante la ejecución y agranda el sufrimiento de la persona.
Este último fue el caso de Christa Pike, una prisionera condenada a muerte a la que este método falló el 30 de septiembre en Tennessee. Tras sobrevivir a dos dosis de la inyección letal fue trasladada primero al hospital y, una vez recuperado el conocimiento, a la unidad médica de la prisión donde cumple condena. Sin embargo, este no es la única ejecución fallida en el estado en lo que va de año, sino que en mayo ya había sucedido algo parecido con Tony Carruthers. Precisamente por ello, tras lo ocurrido con Pike, Bill Lee, el gobernador de Tennessee, ha suspendido la otra ejecución que había programada para este año en el estado.
Algunas de las razones por las que este método falla, a parte de las posibles afecciones médicas que puedan padecer los reos, es la falta de formación en los ejecutores y la dificultad de conseguir este tipo de inyecciones dada la negativa de algunas farmacéuticas a venderla por objeción de conciencia. Varias organizaciones médicas, además, prohíben a sus miembros participar en ejecuciones. La Asociación Médica Estadounidense lo explica con que son una profesión dedicada a preservar la vida y que, por tanto, participar en una ejecución atenta contra su juramento profesional.
Es precisamente por estos problemas que algunos estados han aprobado otros métodos de ejecución, como el gas nitrógeno, que consiste en obligar al prisionero a respirarlo hasta que se asfixie, provocándole convulsiones hasta que fallece. También se ha vuelto a utilizar la silla eléctrica y el fusilamiento. La electrocución cuenta con un historial de ejecuciones fallidas o esperpénticas, como con la ejecución en 1997 de Pedro Medina en la que su cabeza acabó incendiadas. Esa es una de las razones por las que se sustituyó por las inyecciones letales. Mientras que, por su parte, el fusilamiento es un método arcaico, propio de las guerras y regímenes autoritarios, con el cual también se han tenido ciertas dificultades. Por ejemplo, en 2004 Mikahl Mahdi fue fusilado, pero las balas no acertaron en su corazón y su sufrimiento se alargó durante un rato hasta morir.
¿Es realmente efectiva la pena de muerte?
Organizaciones que defienden los derechos humanos y denuncian las situaciones en las que se incumplen, como la ONU o Amnistía Internacional, se han posicionado en contra de la pena de muerte. Esto ocurre, en un primer momento, porque vulnera el derecho de la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, porque no existe ninguna prueba concluyente de que realmente tenga un efecto disuasorio por encima de otras penas. Y en tercer lugar porque es irreversible y siempre se puede producir un error y que la persona condenada resulte ser inocente. Tal fueron los casos de Joe Arridy, George Stinney o Lena Baker, entre otros, que fueron ejecutados injustamente debido a estigmas raciales y a prejuicios contra las discapacidades intelectuales. Son errores que ya no pueden repararse.
Estas organizaciones defienden que la pena de muerte se aplica “de manera arbitraria y discriminatoria en muchos países”. Son, afirman, “las personas pobres, pertenecientes a minorías étnicas, raciales o religiosas, o que no pueden pagar una defensa adecuada quienes tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte”. Además, añaden que en algunos casos la sentencia se dicta tras confesiones que han sido obtenidas bajo tortura o juicios sin ningún tipo de garantía legal. Otro argumento en contra que se suele emplear es el uso de este tipo de condena como herramienta política para silenciar a quienes critican el gobierno. Por tanto, como señala Amnistía Internacional, no existe ninguna “justicia posible en un sistema que mata”.