¿Cómo se acoge la (no) ley autonómica de universidades de Ayuso en las facultades públicas?

Pese a ser una ley autonómica que atente directamente sobre estudiantes y profesores de universidades públicas, la tramitación de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias se muestra desde la Comunidad de Madrid como un proyecto de innovación, defensa de la “pluralidad” y libertad estudiantil.

En el contexto actual, existen 17 universidades en la Comunidad de Madrid; donde sólo seis de ellas son públicas. En los últimos años ha aumentado la creación de universidades privadas, lo que obliga a descender la financiación dirigida a universidades como la Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos o Alcalá. El gasto que deberán realizar tales instituciones educativas deberá aumentar por culpa de un recorte de hasta el 66% de la financiación pública, por lo que las propias universidades tendrán que hacerse cargo del mantenimiento (en algunos casos) de las instalaciones y, sobre todo, en proyectos de investigación.

• Universidad URJC - Pública (1996)

• Universidad Camilo José Cela (UCJC) - Privada (2000)

• Universidad a Distancia de Madrid ( UDIMA) - Privada (2006)

• Universidad Internacional Villanueva - Privada (2019)

• Universidad CUNEF - Privada (2019) Universidad ESIC - Privada (2019)

• Universidad Internacional de la Empresa - Privada (2020)

• Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología - Privada (2021)

Las fuentes de ingresos que obtienen las universidades públicas provienen de las matrículas de estudiantes y las diversas colaboraciones con empresas privadas como el Banco Santander. Esta falta de aportación al sustento de algunas facultades obligará a subir las cuotas a los estudiantes, o bien, impedirá la obtención de becas a múltiples familias en estado económico inestable. Podría afectar pues, si se llevara a cabo, a los nuevos ingresos que desearan entrar en una universidad pública de Madrid en un futuro no muy lejano.

FUENTE: TUI GUEDES

Por otro lado, los trabajadores de esta sufrirían numerosos cambios salariales e incluso no serían renovados. El arrebato de calidad en las instituciones educativas harían desaparecer algunas optativas (sobre todo en los Dobles Grados), aunque ya sean escasas, y por lo tanto, no existirá la necesidad de incrementar nuevo profesorado; siguiendo el punto anterior, a consecuencia de la dificultad del estudiante cada vez mayor para obtener una plaza gratuita, será posible la eliminación de excesos docentes. Mientras, universidades como la Facultad de Bellas Artes carecen de profesorado en distintas asignaturas, forzando a los alumnos y alumnas a no poder optar por una educación de calidad pese a haberse matriculado (y pagado) en tales materias. De las propias palabras del Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología correspondiente con la Universidad Complutense de Madrid: «Todos los docentes están preocupados por la situación, tanto alumnos como profesores debemos estar unidos».

El apoyo a las diversas asociaciones, actividades extraescolares, entre otros, también se verán afectados por los recortes financieros en el ámbito estudiantil público, obligando a desaparecer a los minoritarios en primer lugar, y privando a los demás a la hora de convocar algún tipo de asamblea que requiera un coste económico o mantenimiento de las instalaciones. Esto revela una estatalización de la libertad de la juventud universitaria; la censura será ahora una lección de costumbre.

Debemos tener en cuenta que esto sería solo una breve descripción de los sucesos que ocurrirían si tal ley finalmente se redactara y fuera aprobada por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y es por ello que el descontento de los trabajadores y estudiantes de todas las universidades públicas de Madrid debería estudiarse y manifestarse; siempre desde el orden y la concienciación, evitando caer en una revuelta desinformada y con objetivo incierto.