Hogar, dulce hogar

La dicotomía entre izquierda y derecha que todos conocemos en la actualidad oculta los problemas reales de nuestra sociedad

Frase célebre del ministro José Luís de Arrese

El aumento exponencial de los precios en productos básicos y no tan básicos es algo tan palpable e interiorizado, que no sabremos cual será la excusa que Wall Street alegará hoy para justificar un sistema que masacra a la clase media ¿tal vez la guerra ruso-ucraniana, o una subida “inesperada” de las aduanas del crudo?

En esas, es la clase media quien en última instancia paga las decisiones indecentes de aquellos que controlan todo, mientras algunos despistados siguen jugando a ser los abanderados de la mano invisible de la que tanto alardeaba Adam Smith, concepto completamente erróneo, pues el egoísmo individual no atrae siempre el bienestar social y colectivo.

Quiero evitar que este artículo incurra en guerras generacionales, en boomers y en "generaciones z"; a pesar de que podría ir a lo fácil y defender que, en edad joven, la generación de nuestros abuelos tenía ya una vivienda en propiedad con el libre pensamiento de formar una familia, además, no estaría diciendo nada que no fuese cierto. No obstante, no voy a hacerlo.

El paso del tiempo nos enseña que algunas necesidades se van relegando, transformándose de requerimientos en aspectos comunes de nuestra sociedad. Ahora bien, ¿justifica tener un plato de comida todos los días en la mesa el que la mitad del salario de un treintañero se vaya en el pago - ya no de la hipoteca - del alquiler? Es normal pensar que vivimos en un país no tercermundista, y sería demagogia barata decir lo contrario; pero al menos esta España -que es la que nos incumbe, pues ya serán los demás los que se quejen de lo suyo-, acarrea un problema a nivel inmobiliario bastante serio, todos sabemos que el difícil acceso a una primera vivienda es plausible desde hace años.

Ojo, decir esto último no implica claudicar frente a los discursos que defienden el despropósito de decir que todos tenemos derecho a vivir en pleno Barrio de Salamanca porque el artículo 42 de nuestra carta magna señale el imperioso derecho de todo español a tener una vivienda “digna”. El problema que suscita todo esto es que abriríamos demasiadas brechas a la vez, pues la vivienda en la Constitución está incluida en ese abanico de artículos que no supieron ni donde meter, ni cómo tratarlos, y sí, me refiero a los principios rectores. Es por esto último, por lo que prefiero dejar para otro momento el debate al respecto de los principios rectores y la posibilidad de que ser reclamados de alguna manera práctica.

Agradeciendo a mi gran amigo Miguel Fernández-Baillo, por dejarme escribir sobre ese tipo de cosas que se me vienen a la cabeza al ver a los políticos reírse de la sociedad, no puedo dejar de citar esta breve reflexión que dejó recogida en Verum Libertas:

“La libertad que una persona pueda alcanzar se fundamenta más sobre el hogar, la familia y la comunidad con la que uno puede establecer vínculos sociales que no detrás de un índice bursátil o una campaña de responsabilidad y concienciación medioambiental patrocinada por una multinacional y enarbolada por esas formaciones que dicen defender a los trabajadores.”

La vivienda es innegociable para la constitución de un hogar; puede haber lectores que prefieran un modelo familiar en el que cada progenitor viva en un inmueble distinto y alejado, pero en un comienzo, al menos para mí y siguiendo las palabras de mi querido Miguel, no es factible sentimentalmente hablando.

Adentrándonos en esto, hoy en día, ¿qué pareja joven puede permitirse desarrollar una vida con vistas al futuro en ciudades como Madrid o Barcelona? Como en tantas cosas, esto a quién más repercute es a las clases medias y bajas.

El hogar es el rincón en el que una relación sentimental se sella, donde da los primeros pasos el hijo, o el lugar donde queremos descansar cuando seamos ancianos. ¿Por qué tanto miedo a la construcción de vivienda por parte del Estado? Vemos cada día como nuestros impuestos son destinados a políticas que, al menos a la persona de a pie, no le son útiles: derechos que son de todo menos derechos, una inmensidad de obras civiles sin ningún sentido que terminan siendo abandonadas a media construcción. No nos podemos hacer una idea la cantidad de parques empresariales que hay en cada ciudad sin terminar, con un despilfarro económico desmesurado.

¿Cómo puede ser que hace 50 años fuera tan sencillo comprar una casa, y en la actualidad con un PIB per cápita que se ha visto multiplicado por 30, no podamos acceder a un mero alquiler? Sin entrar en connotaciones políticas, pues solo quiero analizar datos sobre vivienda, les contaré una realidad del sector inmobiliario español de hace no mucho tiempo. Entre los años 60 y 80 del siglo pasado, según datos de la Fundación BBVA y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, España construía cada año mínimo 120.000 viviendas sociales, teniendo picos de hasta 240.000 con la llegada de los tecnócratas.

El Régimen se había propuesto incorporar una legislación en la que, en materia inmobiliaria, el liberalismo no tuviera tanto protagonismo, dando una protección superlativa al inquilino frente a los grandes propietarios. En 1954 la nueva andadura inmobiliaria española dio sus primeros pasos con la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que fue reforzada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, donde las rentas por alquileres se verían congeladas -con la intención de impedir la especulación-. Este es su preámbulo que merece reseñarse:

“El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década.”

Un cálculo aproximado con los datos otorgados anteriormente nos muestra una cifra total de alrededor de 4 millones de viviendas sociales, tan solo desde 1961 hasta 1975. Todo ello sin albergar una deuda pública de cifras infames como la que tenemos actualmente. Ahora bien, en caso de que estas políticas fueran utilizadas hoy en día, cabrían ciertos interrogantes complicados que solventar: ¿quién debe poder acceder a la vivienda social?, ¿se le debe negar ese derecho a las clases más pudientes, únicamente por serlo?

Lo que sí que tengo claro, al menos con las políticas actuales, es que a menos hogar, menos familia. Parece pues que la institución familiar, tal y como la conocíamos, irá poco a poco pasando a la historia; y no es algo que diga de manera subjetiva sino basándome en los bajos niveles que tenemos de natalidad, ya no solo en España, sino en Europa entera.