Narcotráfico: ¿y ahora qué?

¿Qué alternativas tiene ahora el Estado para empezar a dejar de perder la batalla contra los narcos?

Dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados en acto de servicio mientras trataban de disuadir a una narcolancha. Fuente: EuropaPress

Es por todos conocido –aunque, en breves, olvidado– el trágico incidente que tuvo lugar en Barbate y que terminó con el asesinato de dos guardias civiles que prestaban servicio en una actuación precaria contra una narcolancha. Una vez rendidos los pertinentes honores a los dos agentes caídos –nunca suficientes– y habiendo copado la noticia durante algunos días –siempre pocos– los platós de las tertulias televisivas, queda preguntarnos: ¿y ahora qué?

La respuesta que podemos dar a esa pregunta no puede limitarse a exigir una responsabilidad política que, de sobra, sabemos que no será asumida por nadie, ni por políticos en primera instancia ni por mandos policiales en última. Por supuesto, deben esclarecerse las circunstancias que, de manera singular al caso, afectaron a tan terrible final. Es preciso conocer quién desmanteló el OCON-Sur (unidad de élite de la Guardia Civil a la que se encomendó la lucha contra el narcotráfico), y no solo el nombre de quien dio la orden definitiva de acabar con la unidad, sino también y quizás más importante, los nombres de los profesionales técnicos que avalaron o no se opusieron a dicha decisión conociendo, por su profesión y experiencia, las posibles consecuencias.

No obstante, de quedarnos atorados en el caso concreto estaríamos cometiendo un tremebundo error que, posiblemente, llevará consigo más desgracias en un futuro. El problema va más allá de una actuación concreta, porque David y Miguel Ángel –así se llamaban los agentes– no son las primeras víctimas del narcotráfico a las que se homenajea y sus familias no son las únicas a las que se les ha prometido justicia. El narcotráfico lleva siendo un problema a nivel policial y social en España desde hace ya demasiados años, y lo único que tenemos claro es que, a día de hoy, no solo sigue siéndolo, sino que desgraciadamente continúa cobrándose la vida de muchas personas.

Funeral de uno de los agentes asesinados. Fuente: RTVE

Cuando las situaciones complejas y problemáticas se alargan en el tiempo quizás sería conveniente replantearse la estrategia a seguir. Está claro que, hasta ahora, lo hecho por la administración no está funcionando, y no porque los esfuerzos policiales no sean suficientes, todo lo contrario. ¿Acaso ser asesinado en acto de servicio es sinónimo de falta de compromiso? Pues bien, las dos posibilidades que se plantean entonces son las siguientes: o bien la vía policial-legal; o, por otro lado, la vía político-legislativa. Me explico enseguida.

La primera alternativa, la hasta ahora escogida con evidente insuficiencia, consiste en la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales y técnicos suficientes para hacer frente a la lucha contra el narcotráfico, al menos, en igualdad de condiciones. Por descontado, no puede limitarse la alternativa al aspecto policial, sino que el impulso a la labor de los agentes deberá ir respaldada por un amplio empujón jurídico. Esto es, revisión de los delitos contra la salud pública, protocolos de actuación de los agentes, responsabilidad de estos en sus intervenciones, así como los límites o licencias que puedan tomarse en ellas. Es decir, reforzar "muy mucho" la lucha policial y del Estado contra el narcotráfico.

La otra opción que ya se plantea –que goza de una popularidad paupérrima– ha sido ampliamente criticada en los últimos días con motivo precisamente de su manifestación pública por parte de una figura política, algo muy raro de ver dado las circunstancias y que no deja de ser más llamativo a tenor de la condición de quien lo defiende. Hablamos del alcalde de La Línea –población ampliamente azotada por el narcotráfico–, quien, en una intervención ante los medios con motivo de uno de los homenajes que se rindió a los agentes asesinados, afirmó que “esto es un problema que tenemos aquí, por supuesto. Pero si no se consumiera hachís en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de esto. A lo mejor la solución es legalizarlo. También se consume tabaco y se consume alcohol, a lo mejor a partir de ahí logramos acabar con el narcotráfico”.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, en su comparecencia ante los medios. Fuente: VozPópuli

Las declaraciones generaron enorme revuelo en redes sociales; quizás muchos usuarios tuitearon desde su sofá de Madrid lo indignados que estaban con las palabras del alcalde de la localidad andaluza, como si cualquiera de nosotros pudiese juzgar la desesperación de los principales afectados –Barbate, Campo de Gibraltar o Línea de la Concepción, entre otros– por este problema. Terminaba el alcalde haciendo una afirmación que refleja a la perfección la justificación de esta otra propuesta para combatir el narcotráfico: “Lo que está claro es que, a mí entender, las recetas que se está aplicando no son las adecuadas”.

Sea como fuere y sin tener la osadía de defender una u otra postura, al menos no delante de ustedes, parece lógico que el camino escogido hasta el momento no está resultando suficiente. Por tanto, a partir de ahora, es urgente replantearse hacia dónde queremos ir para frenar el problema: un mayor músculo para nuestra policía, que es la que se juega la vida en cada servicio; o un reajuste de la legislación vigente en materia de sustancias en nuestro país. Nosotros podremos opinar y quejarnos, pero los que deben de tomar decisiones han de apresurarse en hacerlo porque no queremos más víctimas.

Para finalizar, quisiera aprovechar –con su permiso y con el de La Colmena– para dedicar este bisoño e insuficiente artículo a David Pérez Carracedo y a Miguel Ángel González Gómez, los dos Guardias Civiles asesinados a manos de los narcos. Que su muerte, que nunca debió producirse, no sea en vano y sirva para replantearse y evitar la situación actual en la lucha contra el narcotráfico. La muerte no es el final. D.E.P.